Para inscribir títulos de dominio en Chile, la propiedad debe estar ingresada, al Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad o región donde se encuentra situado el inmueble.

Esta es la única forma para acreditar el dominio de la propiedad. En otras palabras, si tu terreno, casa, sitio, departamento u otra propiedad, no está inscrito a tu nombre. Dicha propiedad legalmente no te pertenece. Por lo que deberás inscribir tus títulos de dominio a través de una escritura publica.

¿Cómo puedo regularizar el titulo de dominio de una propiedad?

Primero que todo, no hay un procedimiento único para la regularización de títulos de dominios. Primero se debe revisar caso a caso, determinando las circunstancias particulares que llevan a tener un terreno, casa o sitio en situación irregular.

Una vez revisados los antecedentes, es posible decidir el camino más apropiado para inscribir. A esto se le llama estudio de titulo. 

Casos comunes de propiedades con títulos de dominio no regularizados:

Casas, terrenos y otras propiedades ocupadas o heredadas, sin ningún documento que acredite pertenencia.

Propiedades inscritas a nombre de padres, abuelos o familiares fallecidos, que no han sido re inscritas a nombre de actuales ocupantes, propietarios o herederos.

Propiedades con disputas entre 2 o más personas que dicen ser dueños de la propiedad en cuestión.

¿Cuales son los problemas que pueden ocurrir?

La tenencia irregular de la propiedad produce varios efectos negativos. Entre las principales desventajas  no tener un título de domino correctamente inscrito, está el hecho de que la propiedad sin título pierde  valor comercial.

No se pueden realizar  transferencias del patrimonio a terceros (venta o herencia).

No se puede invertir en el inmueble que se ocupa, ya que las mejoras, así como la propiedad misma, no formarían parte del patrimonio individual o familiar del ocupante.

La imposibilidad de acceder a diversos beneficios sociales que tienen como requisito contar con título de dominio vigente, entre ellos los planes al desarrollo de la vivienda acordados por el Estado; el no poder acceder a créditos o hipotecas, ya sea de consumo o de apoyo productivo, que exigen un bien como garantía.

En definitiva, las familias ven disminuido su patrimonio y cuentan con menos oportunidades para mejorar sus condiciones de vida a partir de la libre disposición de su bien raíz.